Comunicación a la autoridad laboral
Comunicación de los trabajadores a la autoridad laboral (itss) de accidente grave, muy grave o mortal
Objeto del formulario:
El objetivo del formulario es el de comunicar a la autoridad laboral, ITSS, el accidente grave, muy grave, mortal o colectivo acaecido en la empresa, ante la ausencia de comunicación del mismo por parte del empresario.
La solicitud la realizarán los trabajadores, por sí mismos o a través de cualquiera de sus representantes (representación unitaria, sindical, delegados de prevención).
Instrucciones para la confección del formulario:
En el encabezamiento del formulario tiene que figurar el emisor de la comunicación; deben identificarse con su nombre y apellidos y su documento nacional de identidad o similar, indicando la calidad en la que emiten la comunicación (delegados de prevención, representación de los trabajadores, unitaria o sindical, o en calidad de trabajadores). Se debe señalar la empresa a la que pertenecen, indicando su razón social, y si se conoce el CIF, número de patronal, dirección y otros datos identificativos de la misma.
En el cuerpo del formulario debe constar, en el caso de que se conozca, la calificación del accidente (grave, muy grave, mortal, colectivo), el día en que el mismo acaeció, la hora y el lugar, así como la identificación del trabajador (o en su caso, trabajadores) que lo sufrió. Se debe describir lo más detalladamente posible el accidente ocurrido, aportando todos los datos que se dispongan.
La solicitud debe ir firmada por el/los trabajadores y tendrá que registrarse en cualquier dependencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Normativa reguladora.
Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación
Artículo 6.
En aquellos accidentes ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada de trabajo que provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean considerados como graves o muy graves o que el accidente ocurrido en un centro de trabajo afecte a mas de cuatro trabajadores, pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la empresa, el empresario, además de cumplimentar el correspondiente modelo, comunicará, en el plazo máximo de veinticuatro horas, este hecho por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad Laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente, o en el primer puerto o aeropuerto en el que atraque el buque o aterrice el avión, si el centro de trabajo en que ocurriera el accidente fuera un buque o avión, respectivamente.
En la comunicación deberá constar la razón social, domicilio y teléfono de la empresa, nombre del accidentado, dirección completa del lugar donde ocurrió el accidente, así como una breve descripción del mismo.
La Autoridad Laboral dará traslado de la comunicación a la correspondiente Unidad Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a fin de que preceptivamente practique la consiguiente información en la empresa sobre la forma en que ha ocurrido el accidente, causas del mismo y circunstancias que en el concurran. Las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social enviarán copia de la misma al correspondiente Gabinete Técnico Provincial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
- Son competencias de los Delegados de Prevención:
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
- En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo.
- Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias (…)
- El comité de empresa tendrá también las siguientes competencias:
- Ejercer una labor:
- De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes.
- De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19 de esta Ley.
- De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional.
- Se reconoce al comité de empresa capacidad, como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros
Sentencias y jurisprudencia
-STS Contencioso-Administrativo 4 de diciembre 2003, Rec.156/2002
Temas tratados
Paralización de trabajos, Administraciones Públicas, Procedimiento
Texto
Comentario
La sentencia confirma la posibilidad de que los representantes de los trabajadores paralicen la actividad en centros dependientes de las Administraciones Públicas por existencia de riesgo grave e inminente, aunque admite también la legalidad de que la decisión final al respecto la tenga la propia Administración, confirmando al respecto la legalidad de la regulación del RD 797/2002, de 19 de julio.
Texto de la sentencia
“Si en uso de las facultades que les otorga el artículo 21-3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la paralización de la actividad hubiese sido acordada por la representación del personal, dicha paralización será comunicada de inmediato a la Dirección de la unidad administrativa correspondiente y al Delegado del Gobierno o, en el caso de que se trate de órganos centrales de la Administración General del Estado o de sus Organismos autónomos, a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el plazo de veinticuatro horas, resolverán en el sentido de ratificar o anular la paralización” “Por último en relación con el artículo 6 del Real Decreto impugnado, se alega en síntesis que en el trámite de paralización la Administración se sitúa como juez y parte, sin que ello además esté previsto en la norma que se trata de alegar. Y procede rechazar tal alegación…”
-STSJ Contencioso-Administrativo Cantabria de 22 de octubre 2004, Rec. 961/2003
Temas tratados
Paralización de trabajos, concepto de riesgo grave e inminente
Texto
Comentario
La paralización de los trabajos por riesgo grave e inminente no exige que este se materialice en el momento de la paralización, basta con que sea razonablemente probable que lo haga en el futuro.
Texto de la sentencia
“Tal paralización exige la concurrencia de un riesgo grave e inminente, riesgo definido en el art. 4.4 de la Ley, al señalar que lo será aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y puede suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”
-STS Contencioso-Administrativo de 4 de noviembre 1998, Rec. 32/1993
Temas tratados
Paralización de los trabajos, Inspección de Trabajo, incumplimiento de medida cautelar de suspensión de la actividad, infracción muy grave
Texto
Comentario
Una vez que la paralización de los trabajos ha sido ordenada como medida cautelar por la Inspección de Trabajo (y lo mismo parece que cabría decir si se ratifica la decisión adoptada por los representantes de los trabajadores), constituye, al menos, una infracción muy grave desatender esa orden.
Texto de la sentencia
“El acta determinante de las resoluciones impugnadas está referida al incumplimiento por la empresa demandante de la orden cautelar adoptada por el Inspector de Trabajo actuante el día…, la que implicaba la suspensión de las actividades de la empresa y la adopción de las medidas necesarias para evitar ulteriores acaecimientos de la máxima trascendencia…”
En parecidos términos sobre incumplimientos de órdenes de paralización de los trabajados o reanudación de los mismos sin subsanar las correspondientes deficiencias pueden verse, por ejemplo:
– STSJ Contencioso-Administrativo Madrid 10 de julio de 1996, Rec. 1/1994
– STSJ Contencioso-Administrativo Valladolid 7 de septiembre 2001, Rec. 1994/1997
-STS Contencioso-Administrativo de 24 de julio 1997, Rec. 1515/1990
Temas tratados
Denuncia a la Inspección de Trabajo, infracciones, momento en el que se valora la existencia de infracción, visita de la Inspección
Texto
Comentario
La sentencia señala que las infracciones se valoran en el momento en el que la Inspección de Trabajo gira visita a la empresa, siendo irrelevante, pues, que se intente demostrar que posteriormente ya no existen si no se consigue demostrar también que en aquel momento no existían.
Texto de la sentencia
“… y ciertamente esa alegación no puede desvirtuar lo apreciado y descrito por la Inspección, en presencia de un interventos y del Comité Provincial de Empresa, sin olvidar que debía haber acreditado, no que no concurren las infracciones, sino si las mismas existían o no en el momento de la visita de la Inspección que es el momento a valorar”.
-STS Contencioso-Administrativo de 10 de diciembre 2001, Rec. 5694/1996
Temas tratados
Contratas, Infracción administrativa, empresario principal
Texto
Comentario
La sentencia considera posible que por unos mismos hechos se sancione a contratista y subcontratista si ambos cometieron respectivamente una infracción por unos mismos hechos. Se entiende que no se incide en la prohibición del «bis in idem” (no imponer doble sanción) porque no se sanciona al mismo sujeto, al tratarse de empresarios independientes cada uno de los cuales ha cometido su propia infracción.
Texto de la sentencia
“…es admisible que al lado de las concretas obligaciones que corresponden a la contratista se establezcan otras más generales para el empresario principal, pues los trabajadores de la contratista desempeñan su prestación laboral en instalaciones que no pertenecen a la empresa a la que están vinculados y la empresa contratista no va a poder cumplir con todas las obligaciones en la materia al no controlar el centro de trabajo, por lo que surge una responsabilidad que no es ni subsidiaria ni solidaria, sino directa, de primer grado, propia del empresario principal, distinta de la que corresponde al contratista, en el sentido de que no se ve sustituido por aquél en la responsabilidad derivada de las obligaciones que como empresario le incumben respecto de sus propios trabajadores”.
-STS Contencioso-Administrativo de 5 de diciembre 1996, Rec. 404/1992
Temas tratados
Inspección de Trabajo, Actas, presunción de certeza, presunción de inocencia.
Texto
Comentario
La sentencia ratifica la presunción de veracidad de los hechos constatados por el Inspector y justifica que esa presunción de veracidad es compatible con la presunción de inocencia, en cuanto no se excluye la posibilidad de presentar prueba en contrario de lo afirmado por el Inspector.
Texto de la sentencia
“… la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante (Sentencias, entre otras, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991); presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que el citado art. 38 se limita a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario.”.
-STS Contencioso-Administrativo de 16 de febrero 2011, Rec. 3827/2009
Temas tratados
Inspección de Trabajo, Actas de la Inspección, deber de colaboración con la Inspección de Trabajo, facultades del Inspector
Texto
Comentario
La sentencia reafirma la doctrina antes citada sobre la obligación de colaboración con la Inspección de Trabajo, no sólo del empleador, sino de cualquiera que tenga datos relevantes, incluidos los trabajadores y los representantes de las empresas. Se detallan además las amplias facultades que tiene el Inspector actuante para investigar los hechos.
Texto de la sentencia
“Como expresa la resolución recurrida haciéndose eco del Informe de la Inspección ésta está habilitada legalmente para investigar los hechos ocurridos y para obtener de quien proceda los datos precisos para la investigación y a la vez esas personas están obligadas a prestar esa colaboración sin que por ello se vulneren esos pretendidos derechos. Lejos de ello tanto los trabajadores como los representantes de las empresas y todos los que tengan conocimientos que puedan esclarecer lo acontecido están obligados a aportar los datos que conozcan y puedan contribuir a ese fin último”.
-STSJ Social Cataluña 1 de marzo 2002, Rec. 4335/2001
Temas tratados
Denuncia, Inspección de Trabajo, Imposibilidad de denuncia anónima
Texto
Comentario
La sentencia considera nulas unas actuaciones administrativas porque derivaron de una denuncia anónima, cuya tramitación está prohibida.
Texto de la sentencia
“… precepto que en relación con lo prevenido en el art. 13 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prohíbe, entre otras cosas, la tramitación de denuncias anónimas… Lo que en definitiva comporta, como se aduce en el recurso, la nulidad de pleno derecho de la consiguiente actuación administrativa, tanto de la actuante Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como de la Dirección Provincial del INSS…”
-STSJ Contencioso-Administrativo Madrid de 14 de marzo de 2003, Rec. 96/1999
Temas tratados
Paralización de trabajo, riesgo grave e inminente, inexistencia
Texto
Comentario
La sentencia analiza el concepto de riesgo grave e inminente que justifica la paralización de los trabajos, concluyendo que no es suficiente por sí solo y sin otras circunstancias, para entenderlo existente que en una época precedente se hubiese producido un accidente de trabajo.
Texto
“…el simple hecho del accidente no puede presuponer que tuvo lugar por falta de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos que causaba un riesgo grave e inminente…”
-STSJ Contencioso-Administrativo Cantabria de 17 de enero 2002, Rec. 937/2000
Temas tratados
Paralización de actividades, responsabilidad de los representantes que adoptan esa decisión, negligencia grave o mala fe.
Texto
Comentario
La sentencia concreta la posible responsabilidad de los representantes de los trabajadores o delegados de prevención que acuerdan una paralización del trabajo sin que concurran los motivos para ello. Se reitera que esa conducta solo es sancionable si concurre negligencia o mala fe.
Texto de la sentencia
“El hecho de que los actos imputados fuesen realizados como Delegados de Prevención no impide su sanción como actos estrictamente laborales (“actos de servicios propios del puesto de trabajo”), ya que el mandato referido a no sufrir daño alguno los trabajadores o sus representantes, por la adopción de medidas de seguridad y salud, lo es sin perjuicio de que hubiesen obrado de mala fe o cometido negligencia grave…”
-STS Contencioso-Administrativo de 21 de diciembre 2000, Rec. 2141/1995
Temas tratados
Informes de la Inspección de Trabajo, valor como prueba de los informes, motivación de sentencias y resoluciones administrativas, especial peligrosidad
Texto
Comentario
Se analiza el valor de los informes de la Inspección de Trabajo, que se consideran como prueba suficiente para valorar la especial peligrosidad concurrente en una actividad. Se admite además que la referencia a esos informes es motivación suficiente para dictar una resolución administrativa o judicial
Texto de la sentencia
“Y a este respecto, como la sentencia recurrida, aprecia la existencia de tal peligrosidad a partir de los propios informes de la Inspección de Trabajo que la refiere…. Es obligado estar a esa valoración que la sentencia recurrida hace, pues la mera alegación que el recurrente hace en este recurso de casación sobre la no existencia de peligrosidad, no tiene entidad suficiente para desvirtuar la valoración concreta que sobre el particular ha hecho la sentencia recurrida…”
“… conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que la motivación de una resolución, se encuentra cumplida con la referencia a los informes o actuaciones precedentes y éste es el caso de autos, máxime cuando tales informes y antecedentes obran en las actuaciones y han sido conocidos, tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional por la entidad hoy recurrente”.
-STS Contencioso-Administrativo de 24 de octubre 2001, Rec. 2981/1996
Temas tratados
Delegados de prevención, Designación, Regulación convencional, Convenio colectivo extraestatutario.
Comentario.
Si un convenio colectivo o pacto extraestatutario establece un sistema de designación diferente del fijado en la normativa no tiene preferencia del fijado por la normativa.
Texto de la sentencia.
“La respuesta la da la propia Ley, en su art. 35.4, al establecer solamente la vía de convenio colectivo, la cual no implica subsidiariamente la de pacto o acuerdo extraestatutario para establecer otros sistemas de designación de los delegados de prevención, y el art. 2.2 de la citada Ley establece que las disposiciones de carácter laboral contenidas en sus normas, reglamentarias tendrán, en todo caso, el carácter de derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos, pero siempre teniendo en cuenta que, en este último caso, la institución de los delegados de prevención quedará adaptada al ciclo de vida del convenio en los términos que se deriven de la eficacia de sus preceptos conforme al sistema y según la naturaleza de cada una de las normas en sus aspectos normativo y obligacional”.
-STS Contencioso-Administrativo de 4 de diciembre 2003, Rec. 156/2002
Temas tratados
Legalidad del RD 707/2002, Administraciones Públicas, posibilidad de denuncia por los trabajadores individuales, exigencias a las solicitudes de los representantes de los trabajadores.
Texto
Comentario
La sentencia confirma la legalidad del citado Real Decreto, entendiendo que nada impide la actuación individual de los trabajadores de las Administraciones pues aunque el procedimiento se inicia por el órgano competente de la Inspección de Trabajo, los empleados públicos pueden dirigirse a éste solicitando dicha iniciación, directamente o a través de sus representantes.
Igualmente se confirma la legalidad de que en dicho Real Decreto se exija a los representantes de los trabajadores públicos que, cuando dirijan solicitudes a la Inspección de Trabajo, detallen las gestiones realizadas con anterioridad y, en su caso, el informe del comité de seguridad y salud laboral.
Texto de la sentencia
“… además de que la intervención de los trabajadores puede posibilitarse bien por su actuación ante los representantes del personal o incluso ante la propia Inspección para que si lo estima procedente actúe”. “…. Y por otro lado las exigencias de que los representantes del personal, acompañen relación de las actuaciones realizadas sobre la cuestión y en su caso el informe del Comité de Seguridad, además de ser exigencias adecuadas y proporcionadas a la naturaleza y especialidad del procedimiento, aparecen no como cargas y sí como garantía razonable de la procedencia de las medidas, y, que tienden a evitar actuaciones innecesarias o reiteradas…”.
-STS Contencioso-Administrativo de 4 de diciembre 2009, Rec. 292/2008
Temas tratados
Inspección de Trabajo, Actas de la Inspección, presunción de certeza, presunción de inocencia, deber de colaboración de los empleadores con la Inspección de Trabajo.
Texto
Comentario
La sentencia reafirma la doctrinan antes citada sobre la presunción de certeza de las actas de la Inspección de Trabajo y su compatibilidad con el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Aplica la doctrina aún cuando no se pueda concretar con total exactitud algún dato en torno a la infracción, precisamente por la falta de colaboración del empleador y sus maniobras de obstrucción a la labor inspectora.
Texto de la sentencia
“De lo anteriormente relatado observamos que la parte recurrente se limita a rechazar el relato fáctico del acta. Sin embargo no expresa argumentación alguna convincente y racional acerca de las razones que condujeron a que el Inspector no pudiera realizar debidamente su trabajo al no poder acceder a los vestuarios de la empresa ni tomar los datos de filiación de las trabajadoras presentes en la oficina… Dada la presunción de veracidad, resulta incontestable que el Inspector detectó mediante su percepción visual la presencia de un cierto número de personas trabajando en la empresa que no pudo identificar, pese a peticionarlo pues ni siquiera le fue facilitado el listado de trabajadores”.
– En similares términos sobre la presunción de veracidad de los hechos constados por el Inspector de Trabajo, por ejemplo, STS Contencioso- Administrativo de 4 de mayo de 1998, Rec.4906/1992
-STC de 19 de enero 2006, STC 16/2006
Temas tratados
Garantía de indemnidad, sanción o represalia por el ejercicio de reclamaciones judiciales o administrativas, imposibilidad, nulidad de la medida.
Texto
Comentario
La sentencia confirma la imposibilidad de sanción o represalia por el ejercicio de reclamaciones judiciales o administrativas por parte de los trabajadores o sus sindicatos; cualquier medida que responda a esa finalidad es nula de pleno derecho; al respecto, además, se aplica la prueba de indicios, bastando al trabajador con aportar indicios de que el origen de la actuación empresarial pudo ser ese.
Texto de la sentencia
“De este modo… la conflictividad entre las partes era patente desde el momento en que se presentó la demanda, pudiendo constituir la falta de contratación de los recurrentes, una reacción frente al ejercicio de la acción judicial en defensa de sus derechos laborales, o una respuesta sancionadora de la postura mantenida por ese colectivo con relación a la naturaleza jurídica del vínculo contractual que les unía a la demandada, y que habia dado lugar a una actuación de la Inspección de Trabajo…”
-En el mismo sentido, por ejemplo, STC de 27 de febrero de 2006, STC 65/2006